Proponemos la participación de todos los colectivos e instituciones comenzando por los partidos políticos, los medios de comunicación y las empresas, y siguiendo por las más altas instancias de gobierno. Queremos un sistema más participativo, donde la iniciativa y la consulta popular sea la clave del nuevo sistema.
Queremos que sean los municipios los verdaderos actores de nuestra vida política, que todas aquellas decisiones que puedan ser tomadas a nivel municipal no estén, como ahora, secuestradas por poderes alejados de las realidades particulares que cada pueblo vive día tras día.
Proponemos la socialización del suelo urbano como medio para evitar la especulación, y potenciar su uso para equipamientos y viviendas con finalidades auténticamente sociales. Potenciar la rehabilitación de edificios e inmuebles para dar una nueva vida a nuestros espacios más clásicos e históricos.
Queremos que desaparezca la clase política profesional como lo que es: un sector económico apartado de la comunidad, del pueblo al que aseguran representar. Los representantes de los ciudadanos deben de ser los servidores del pueblo, no sus expoliadores. Todo político tendrá que responder por sus actuaciones, de las que será responsable con todas las consecuencias. Además proponemos el salario mínimo interprofesional para los cargos públicos electos, comenzando por los diputados.
Proponemos el retorno de todos los inmigrantes, de acuerdo con las necesidades reales de la economía, la sociedad y la cultura de aquí. Tanto de los legales como de los ilegales, ya que entendemos que han sido llamados por la clase política aliada con los intereses de las grandes empresas multinacionales, para aumentar los beneficios y degradar las condiciones laborales, así como para someter a los trabajadores para que acepten la nueva esclavitud socio-laboral. Los movimientos migratorios de grandes masas de personas provocan la destrucción cultural tanto de los desplazados como de los que sufren su llegada, en provecho de una cultura inhumana basada en la economía del consumo desmedido.
Queremos que los derechos de los trabajadores sean la norma que rija la adopción de nuevas leyes y convenios. Cuando la economía se basa en el aprovechamiento rápido, en la explotación neo-colonial de los recursos, en la ley del más fuerte, es cuando el trabajador deja de ser actor y se transforma en objeto de la máquina económica, sin sentido humano. Deseamos una nueva cultura de la producción y del consumo.
Queremos la creación de una auténtica banca pública, y la transformación de las cajas de ahorro actuales para que alcancen dicha finalidad, que es para la que teóricamente habían nacido. Una banca pública que no busque el aprovechamiento económico como una banca privada, sino que fomente la creación y el crecimiento de las empresas locales, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que son la base de nuestra economía social y local. Esta banca pública tiene que suponer un avance para una nueva nacionalización del sistema bancario y financiero que garantice que esta actividad económica esté al servicio de los ciudadanos y trabajadores.
La protección de nuestro entorno natural, de nuestro patrimonio cultural, son inseparables de nuestra lucha para mejorar las condiciones de vida del pueblo. No queremos ninguna agresión a nuestros bosques, a nuestras montañas, al litoral, pero tampoco a nuestros edificios históricos, a nuestras lenguas, a nuestras costumbres.