Tras un mes de protestas, demandas, huelgas de hambre, piquetes, ni los distintos gobiernos ni TRAGSA (grupo empresarial público que se encarga de la contratación de los brigadistas anti-incendios) no han hecho nada por intentar llegar a un acuerdo con los trabajadores de las brigadas. De hecho, parece que no les importa lo más mínimo la convocatoria de una “marcha negra” este Sábado 5 de Septiembre, así como tampoco las vidas de estos trabajadores.
Y es que a TRAGSA y los politicuchos españoles, 900 euros les parece un sueldo digno por jugarse la vida contra las llamas. A esos parásitos apoltronados que sí cobran una indecencia por no hacer nada salvo robar y saquear un país creen que cobrar 3,70 euros como plus de peligrosidad es demasiado para “mano de obra no-profesional”.
Mientras, en los medios, se nos vende la imagen de unos brigadistas: vagos, aprovechados, holgazanes, y hasta ¡pirómanos! cuando precisamente, lo que se demanda desde el sector es: un salario acorde con la responsabilidad y el riesgo laborales, mayor cantidad y mejor calidad de medios, una formación profesional, unas pruebas de acceso, etc. En definitiva, los requisitos básicos para un trabajo digno y unos servicios contra incendios públicos de calidad.
¿Por qué habría de interesar al gobierno central, autonómico o a la propia TRAGSA el tener unos servicios tan pobres contra algo tan devastador como el fuego?
Una de las respuestas se encuentra en la reciente “Ley de Montes” aprobada por el PP y según la cual, cualquier terreno calcinado podrá ser recalificado y vendido sin esperar ningún plazo ni tramitaciones para que esos suelos puedan ser vendidos o urbanizables. Hasta esta ley, el plazo era de 30 años. Y claro, eso no era del gusto de los amigos de los sobres y el ladrillo.
Así es como se explica que siga habiendo vehículos con más de veinte años a sus espaldas, que a los brigadistas no se les de más que una muy básica formación, que pese al aumento de incendios (casi en su totalidad intencionados) se hayan reducido las plantillas y una misma brigada tenga que hacer frente a varios focos a la vez en zonas distintas.
El problema es el de siempre, la gente de traje y su avaricia sin escrúpulos. Tanto tiene si mueren uno o dos brigadistas, si familias y comarcas enteras pierden su medio de vida, sus hogares e incluso la vida. Como si quedan arrasados para siempre los bosques y tierras de nuestros padres. Les da absolutamente igual si consiguen llenar sus ya abultadas cuentas corrientes, devolver el favor a la empresa de servicios de emergencia de su familiar, amigo o del que le sufragó la campaña electoral. Hasta puede que esos “inútiles y aburridos bosques” den paso a un bonito club de campo en el que pasar los fines de semana.
Cuanto antes nos hagamos a la idea, antes podremos pararles los pies. Y lo que es más importante, antes evitaremos la sangría de vidas tierra arrasada por la avaricia.
Por eso, desde el MSR exigimos:
-
La derogación inmediata de la nueva Ley de Montes.
-
La profesionalización y modernización de los GRUMIR y las BRIF
-
La dignificación de estos y los demás trabajos en función riesgos y responsabilidades reales.
-
La dimisión y enjuiciamiento de los responsables tanto del deterioro de estos servicios como de la aprobación de una ley que no ha hecho sino arrasar nuestra querida tierra.